Impone Ecuador toque de queda por violencia callejera

Quito, Ecuador (12 octubre 2019).- El Presidente ecuatoriano Lenín Moreno impuso hoy un nuevo toque de queda y la militarización para el Distrito Metropolitano de Quito con la intención de responder a las protestas que vive el país desde la semana pasada.

La medida entra en vigor a partir de las 15:00 horas locales de este sábado.

“He dispuesto el toque de queda y la militarización del DM Quito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, el Ministerio de Gobierno (Interior) pidió a la ciudadanía que “acuda a sus viviendas”.

“Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales”, agregó.

La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto.

La decisión la ha tomado Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas. 

En redes sociales se reportó que manifestantes incendiaron la sede de Teleamazonas y atacaron las intstalaciones del diario El Comercio. 

El anuncio  del toqu de queda se da luego que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), uno de los grupos protagonistas de las protestas, aceptara la invitación de Moreno para el diálogo directo.

El Presidente ya había decretado un toque de queda parcial el martes pasado para algunos sitios estratégicos del Gobierno. 

Ese toque de queda aplicaba en los alrededores de instalaciones clave y de edificios de funciones del Estado entre las 20:00 horas y las 5:00 horas, mientras duraba el estado de excepción vigente.

Ecuador vive hoy el décimo día de protestas contra las medidas económicas del Gobierno de Moreno, entre las que destaca el aumento del precio de los combustibles por la eliminación de los subsidios.

Los ajustes están ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo con el FMI, que aportó 4 mil 200 millones de dólares, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que despertó la indignación de grupos de trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.

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