La Administración del flamante presidente argentino, Alberto Fernández, acaba de enviar un proyecto al Congreso con el objetivo de aplicar una serie de medidas económicas de emergencia para alivianar los gastos en servicios básicos, aumentar las reservas en dólares ante los difíciles compromisos financieros del país, renegociar la deuda externa y reactivar el sistema productivo.
Así, la posible Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva —que puede modificarse durante los debates legislativos— se plantea como una respuesta a la crisis que atraviesa el país sudamericano, a tan solo una semana de haber entrado en funciones el nuevo Gobierno peronista.
Por su parte, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó detalles de la iniciativa oficial durante una conferencia de prensa este martes.
Congelamiento de tarifas
Tras años de grandes aumentos en los servicios básicos, perjudicando a las familias, comerciantes, y también al sector industrial, se propone sostener los actuales valores del gas y la electricidad por un lapso de hasta 180 días. En ese plazo, se debería rediseñar el sistema de cobros. Por lo pronto, Fernández ya adelantó que los sectores sociales enriquecidos deberían ser los que más paguen.
Además, el texto determina que el Ejecutivo podría intervenir por un año los entes reguladores del gas y la energía, dos organismos que actualmente son públicos, pero autárquicos, y gozan de cierta autonomía administrativa.
Escalas jubilatorias
El Gobierno de Fernández pretende eliminar el sistema de aumentos dispuesto por el expresidente Mauricio Macri, y espera tomarse 180 días para diseñar un nuevo mecanismo. Mientras tanto, dispondrán un bono especial de 5.000 pesos (83 dólares) para los adultos mayores que perciben la pensión mínima.
«Hubo un gran descalabro en el sistema de seguridad social en los últimos cuatro años, lo que se hizo con los jubilados es grave», calificó Guzmán.