Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización delInstituto Nacional Electoral (INE), detalló que este órgano regulador esta imposibilitado para entregar a la Secretaría de Gobernación (Segob) los datos biométricos de los ciudadanos, ya que son estos últimos quienes tienen que dar la autorización para que sean usados para otros fines.
En entrevista con Guadalupe Juárez, explicó que los datos como huellas dactilares y rasgos del rostro que se pide para tramitar la credencial de elector y que solicitó la secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero, no le pertenecen al INE.
Nosotros respondimos que esos datos no son del INE, son datos que le corresponden a los ciudadanos que sacaron su credencial para votar.
Violación a la protección de datos personales
Detalló que los ciudadanos tendrían que dar la autorización a las instituciones para que se usen sus datos personales con otro fin al que fueron solicitados.
Es necesario en cualquier esquema de identificación el ciudadano de su consentimiento cada vez que esos datos se utilizan para un fin distinto al que se los confiaron al Instituto Nacional Electoral.
El consejero del INE insistió que de acuerdo a la constitución el instituto electoral no podría hacer la transferencia masiva de los datos biométricos de más de 90 millones de personas.
Transferirlo masivamente (los datos) de una institución a otra sin consentimiento del ciudadano puede constituir a una violación a un derecho constitucional de la protección de datos personales.
Ante el argumento del gobierno federal de que se solicita esta información para permitir consultas populares, recordó que el INE es la institución encargada de hacer estos ejercicios democráticos.
La organización del consultas es una atribución del INE y lo hacemos sin ninguna interferencia de la Secretaría de Gobernación. Ese es el esquema que se adoptó en la Constitución.
